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El Gobierno autoriza la firma de convenios entre comunidades y el Fega

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Fega

El Consejo de Ministros ha ratificado la autorización para la firma de los convenios entre el FEGA y doce Comunidades Autónomas para el desarrollo y mantenimiento de la aplicación informática para la gestión, control y pago de ayudas directas y medidas de desarrollo rural en el ámbito del sistema integrado. El objetivo de esta iniciativa es que la PAC se aplique de manera “uniforme” en todas las regiones, que el coste de mantenimiento del sistema sea menor que si cada comunidad autónoma tuviera uno distinto y aprovechar sinergias para reducir errores y que existan menos correcciones financieras.

Este convenio permitirá durante los próximos años continuar la colaboración, iniciada el año 2014, entre los Organismos Pagadores (OOPP) de las Comunidades Autónomas que suscriban el convenio y el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), para el mantenimiento del sistema denominada Sistema de Gestión de Ayudas (Sga).

Sga es un sistema creado en 2014 y desarrollado bajo la dirección del FEGA en colaboración con las distintas Comunidades Autónomas. El desarrollo se realiza por parte del FEGA y se entrega a los Organismos Pagadores para que se instale en su infraestructura. Desde la campaña 2015 el sistema está operativo en 12 de las 17 CCAA: Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja, Madrid, Región de Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana y su desarrollo surgió como acuerdo en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de 21 de enero de 2014.

Objetivos que se persiguen con el desarrollo de la aplicación informática para la gestión y pago de ayudas directas en común son:

La duración del convenio, ahora autorizado, es de cuatro años (2017, 2018, 2019 y 2020) con posibilidad de dos años de prórroga y en él se establecen las modalidades de uso del sistema por parte de las CCAA de manera uniforme y las obligaciones de cada una de las partes firmantes así como la participación económica de las CC.AA que será de 972.791,22 euros anuales, calculado en función del número de perceptores de ayudas agrarias en la campaña 2016 y de la modalidad de uso elegida por cada comunidad.

Fuente: http://www.agroinformacion.com

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