La ley del Olivar se estanca.

Esta ley  vio la luz en septiembre de 2011, estaba llamada a ser una tabla salvavidas para el sector. Por entonces, los precios del aceite estaban por los suelos y llevaban así ya dos campañas por lo que la nueva normativa venía a poner en valor y a dignificar no solo el producto, sino también todo lo que le rodea, ya sea trabajadores, paisaje, cultura, calidad...

En fin, todo lo que se puede decir de un cultivo que es el principal motor económico de la provincia jienense. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, afirmó hace un año que esta ley ofrecía «oportunidades a muchos andaluces» y pretendía hacer «sostenible» al sector. Según sus palabras, el Gobierno pretendía conseguir que «el olivar sea apreciado generalmente por toda la población española y que se convierta en nuestro cultivo de referencia». No solo eso, sino que con ella se quería hacer «más sostenible» este sector y que continuara siendo la base fundamental de «muchas» economías y municipios de Andalucía, «pero sobre todo que tenga futuro».

Había costado mucho tiempo y esfuerzo ponerla en marcha. Hicieron falta dos años para que el Consejo de Gobierno aprobara su proyecto y dos años más para que el Parlamento le diera luz verde con el único apoyo del PSOE. Y llegó el momento en el que la comunidad se dotó de una ley que era la única en Europa para un solo cultivo, con el objetivo de consolidar el liderazgo mundial de Andalucía en el sector del olivar, pero claro sin presupuesto, y un proyecto sin pasta está condenado al fracaso, al menos en mi opinión.

En principio y según se había plantado, la partida tendría que venir sorteando dos escollos. El primero era la constitución del Consejo Andaluz del Olivar en el plazo máximo de nueve meses a partir de la entrada en vigor de la ley. Este paso ya se cumplió en marzo de este año, con un órgano formado por 26 miembros con el objetivo de mantener y mejorar el cultivo, la promoción de sus productos y el fomento de la calidad. Además, también estaba a ser llamado el órgano competente para dar informes del Plan Director del Olivar.

Y éste es precisamente el segundo punto que había que cumplir antes de que hiciera un año de la entrada en vigor de la ley. Haciendo un cálculo mental, el plazo acabó en septiembre de 2012, hace más de dos meses. La importancia de este Plan radica en que desde el principio se le consideró el instrumento básico para la coordinación y la vertebración del sector, además de ser imprescindible para dotar a la ley de un presupuesto económico.

Por lo que está más que estancada, por otro lado, y siempre en mi opinión, esta ley debería haber salido con todos los apoyos posibles, partidos políticos, agentes sociales, organizaciones, etc., ese considero el primer error.