Por culpa de unos pocos, se mancha la imagen de todos.

Las trampas de unos pocos han ensuciado el buen nombre y el prestigio del aceite de Jaén. Han pasado 45 días desde que la ‘bomba’ de la operación ‘Lucerna’ estalló en el sector oleícola. Mes y medio después, nadie con mando en plaza ha limpiado la mancha y ha dado a conocer qué empresas, presuntamente, mezclaban aceites de oliva con otros de inferior calidad.

Fue el 8 de febrero cuando se produjeron las primeras detenciones por un caso que ha supuesto un enorme “mazazo” para el principal motor de actividad de la economía jiennense. Ese día, la Guardia Civil inició la última fase de la operación “Lucerna”, en la que dio por desarticulada una organización que, presuntamente, comercializaba como aceite de oliva una mezcla de caldos de calidad inferior, principalmente de palma y de aguacate, exportados desde Sudamérica. De hecho, fueron detenidas 19 personas, casi todas en Jaén, donde se realizaron cuatro registros a empresas.

El supuesto fraude destapado por el Instituto Armado cayó como una bomba en el sector aceitero de la provincia, ya castigado por la inestabilidad y los bajos precios. La imagen de 327 cooperativas y almazaras y de más de 109.000 familias que tienen vinculación directa con el olivar quedaba por los suelos.
De hecho, en los días posteriores a las detenciones, almazaras y cooperativas se dedicaron, casi en exclusiva, a decir que nada tenían que ver con la operación “Lucerna”. Muchos empresarios aceiteros escucharon expresiones del tipo: “No te fíes del aceite de Jaén o ten cuidado con los aceites del sur de España”. Se agigantó la desconfianza de los mercados hacia el oro líquido jiennense y buena parte del sector reaccionó. De hecho, varias organizaciones se reunieron con el subdelegado del Gobierno, Juan Lillo, para pedirle que hiciera públicos los nombres de las empresas implicadas en la trama. De este modo, querían evitar que pagaran justos por pecadores y que las trampas de unos pocos mancharan el buen nombre de un producto que es santo, seña y bandera de una provincia.
No obstante, todos los intentos fueron en vano. El máximo representante del Estado en la provincia se negó por activa y por pasiva a señalar las marcas y las sociedades que, presuntamente, han vendido un mezcla como si fuera aceite de oliva virgen. Lillo se lo dijo en persona a los representantes de estas asociaciones y, después, también lo hizo públicamente, alegando que carecía de la competencia necesaria para ello. Sí admitió que sería conveniente publicar las marcas fraudulentas para salvaguardar el buen nombre de todo el sector: “Es algo que no es de nuestra competencia y que no está en manos de esta Subdelegación del Gobierno”, agregó a renglón seguido. En aquella comparecencia del 5 de marzo, Lillo aseguró que no consideraba que existiera un “clamor” de peticiones para desenmascarar a los tramposos: “Solo son cuatro asociaciones”, aclaró. Olvidó mencionar que eran la Federación de Fabricantes de Aceite de Oliva (Infaoliva), que representa a 620 aceiteras de todo el país; la Denominación de Origen de Sierra Mágina, que engloba a 33 empresas; la Asociación de Envasadores de Jaén; y las 120 almazaras de la Asociación Provincial. También hubo alcaldes (La Guardia y Pegalajar) y representantes de colectivos como el Mercado de Futuros. Lillo siempre respondió a todos con el comunicado oficial de la Guardia Civil en el que se informaba de la operación “Lucerna”. Esa nota, literalmente, hablaba de “la desmantelación de una organización dedicada en las provincias de Jaén y Córdoba a comercializar mezclas fraudulentas de aceite de muy baja calidad como si se tratase de aceite de oliva”. Y ahí es donde se refleja el daño, ya que se nombra a una provincia entera y no a los presuntos responsables del fraude.
Mientras tanto, el Juzgado de Instrucción número 4, que dirige la investigación de la operación “Lucerna”, ha ordenado la realización de varias diligencias encaminadas a aclarar lo sucedido. El procedimiento acumula más de 5.000 folios y eso que aún está en una fase embrionaria. El considerado cabecilla de la trama, el empresario Enrique Fuentes Ibáñez, ha declinado, por el momento, conceder una entrevista a JAEN.

Diecinueve detenidos y cinco delitos imputados
La operación “Lucerna”, tal y como adelantó JAEN en primicia en su edición del pasado 10 de febrero, dio por desarticulada una organización dedicada a la mezcla fraudulenta de aceites de baja calidad para comercializarlos como si fueran de oliva. Hubo 19 detenidos y cuatro registros. Entre los arrestados está Enrique Fuentes Ibáñez, conocido empresario oleícola y considerado por la Guardia Civil como el “cerebro” de la organización. Se le imputaron cinco delitos: contra la Hacienda Pública, contra el mercado, asociación ilícita, insolvencia punible y blanqueo de capitales.

Una partida de aceite de aguacate fue la clave
Una de las mayores operaciones contra el fraude en el sector del aceite de oliva comenzó por una partida de aceite de aguacate importada a España desde Ecuador.

1.- La operación “Lucerna” arrancó en los últimos meses del año 2010, cuando inspectores de la Agencia Tributaria detectaron que empresas vinculadas a Enrique Fuentes Ibáñez, el empresario jiennense considerado por los investigadores como el cabecilla de la trama, habían adquirido en Suramérica grandes partidas de grasas vegetales. En concreto, importaron desde Ecuador millones de litros de aceite de palma y de aceite de aguacate. Está comprobado que ese aceite llegó a España. Lo que no se sabía es qué se hizo con él.

2.- A finales de 2010, una reunión entre la Fiscalía, los ins-pectores de Hacienda y la Guardia Civil diseñó las bases de la operación “Lucerna”. Los investigadores del Instituto Armado sospechaban que el aceite de aguacate era utilizado para mezclarlo y vender el “combinado” como si fuera aceite de oliva, un producto de mucha más calidad.

3.- Los agentes de la Unidad Central Operativa, un equipo de elite de la Benemérita especializado en delitos económicos, puso en marcha una laboriosa investigación Se investigaron más de una treintena de sociedades, desplegadas en España, Italia y Portugal. Era una red de empresas utilizada para, presuntamente, hacer las mezclas de aceite y, por otro lado, tejer una pantalla para defraudar al fisco.

4.- Las investigaciones de la Guardia Civil ponen al descubierto que los aceites de peor calidad eran mezclados y comercializados como si fueran de oliva. El Instituto Armado descubre que la organización poseía en Mengíbar una planta de producción de biodiésel de automoción. Esa planta era utilizada para producir aceite con destino al consumo humano “a pesar de carecer de la autorización sanitaria”.

5.- El producto obtenido no era una adulteración tóxica para la salud, ya que eran realizadas por técnicos especializados que trabajaban para la trama en distintas plantas de producción. De hecho, habían conseguido un proceso de fabricación de aceites muy refinado, en el que conseguían un producto en el que no quedaban restos de la presencia de la grasa de aguacate o de palma.

6.- Los combinados obtenidos eran desviados hacia el mercado destinado al consumo humano. Para ello, presuntamente, la organización empleaba “documentación falsa” y sociedades instrumentales controladas por la red. Es decir, empresas “fantasma” que estaban dirigidas por simples “testaferros”. Casi todo el aceite mezclado fue vendido a granel, según comprobó la Guardia Civil. Sin embargo, también existen algunas partidas que fueron embotelladas en una planta envasadora ubicada en Pegalajar. Esas botellas fueron etiquetadas como si contuvieran aceite de oliva, cuando, en realidad, llevaban una mezcla de grasas de mucha peor calidad.

7.- La mezcla de aceites reportaba a la organización importan- tes beneficios. Primero, los detenidos conseguían vender el producto a un precio muy inferior al del mercado. Además, no hacían efectivo el pago del IVA (unos 3 millones de euros).

Fuente: Diario Jaen.