Blog del Olivar

Interior parlamento europeo

España y Andalucía recibirán un 14% menos de fondos agrícolas en el periodo 2014-2020, Europa da la espalda a su tejido productivo agrario. El ajuste en los presupuestos comunitarios se realiza, una vez más, a costa de la agricultura.

Bruselas dice que la disminución es inferior a lo inicialmente estimado, algo que consideraron una concesión a Francia, España e Italia.

Andalucía recibirá entre 7.600 y 7.700 millones de euros de los fondos comunitarios merced al presupuesto de la Unión Europea acordado el viernes por sus 27 miembros para el periodo 2014/2020, lo que supone una reducción de “5.131 millones de euros” respecto al actual Marco de Ayudas Comunitarias 2007/2013, según los cálculos de la Junta de Andalucía.

El texto respalda la idea de lograr una convergencia entre las ayudas directas por hectárea que reciben los agricultores de los distintos países, y establece que “todos los estados miembros deben lograr al menos el nivel de 196 euros por hectárea” para 2020. Esa cantidad compararla con la que estais cobrando actualmente y comprobareis el recorte que sufriremos.

Además, apoya destinar un 30% de los pagos directos a los agricultores que realicen una serie de exigencias medioambientales,  el llamado pago verde, aunque otorga a los estados “flexibilidad” para decidir qué medidas son equivalentes a las planteadas.

Por otra parte, la UE renuncia a fijar un tope a las ayudas que reciben las grandes explotaciones , un objetivo que Bruselas defiende desde hace años y que se ha ido descartando en las distintas reformas de la Política Agrícola Común (PAC). En particular, deja en manos de los estados miembros la posibilidad de fijar ese techo, una opción a la que tradicionalmente se han opuesto países como Reino Unido, Alemania o Suecia. En España el número de grandes explotaciones no es tan elevado como en otros estados miembros, pero entre ellas destaca las de la Casa de Alba, que cada año recibe unos tres millones de euros anuales por ayudas agrarias de la UE.

El pacto asigna a España 500 millones adicionales en concepto de ayudas al desarrollo rural. La suma forma parte de un conjunto de concesiones a un grupo de países que “afrontan retos estructurales particulares en su sector agrícola” o que han invertido mucho en desarrollo rural. También prevé 2.800 millones (procedentes de los pagos directos) a “una nueva reserva de crisis en el sector agrícola” para ayudar a afrontar problemas graves en la producción o distribución. La UE introduce como novedad la posibilidad de permitir a los países mover el 15% de las ayudas de desarrollo rural a pagos directos. 

Es necesario decir, a la vez que comparar los 500 millones de Portugal, los 1000 de Francia o los 1500 millones de Italia, nuestro más directo competidor en agricultura y cincretamente en el olivar, en el aceite.

Pocas veces ha habido tanta unanimidad en el sector agroalimentario de este país y lo ha sido para criticar con dureza y lamentar la aprobación de los Presupuestos de la Unión Europea para el periodo 2014/20, que van a representar unos duros recortes en la PAC con graves consecuencias para todos los sectores afectados en España. Términos como “tijeretazo”, “injusticia”, “pérdidas” o que la “PAC vuelve a ser la pagana” de los intereses europeos son un simple resumen de las primeras valoraciones de Coag, UCLL, Cooperativas Agro-alimentarias, UPA y Asaja.

 La primera en salir a la palestra fue Coag, que señaló en un comunicado que la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos rechaza el recorte del 14% en los fondos agrícolas para España aprobado por la UE para el ejercicio presupuestario 2014-2020. Según los cálculos realizados por  sus Servicios Técnicos en base al cuadro financiero aprobado en Bruselas, “nuestro país sufriría un tijeretazo en el cheque agrícola de 6.720 millones de euros en todo el periodo. Se pasaría de un montante anual de 7.000 millones de euros en el periodo 2007-2013 a  6.040 millones al año entre 2014 y 2020″.

En este escenario de restricción presupuestaria, se hace más imprescindible que nunca priorizar las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), (en pleno proceso de reforma), al modelo social de agricultura y a los agricultores profesionales, redefiniendo la figura del “agricultor activo”, que debe ser aquel que trabaja de forma directa, personal y profesional en su explotación.

Es una pena que una vez más la PAC tenga que ceder ante otras políticas por la escasez de presupuesto (se recortan cerca de un 14% en relación al período actual), y se sigan aumentando los objetivos y expectativas en una UE que no cuenta con presupuesto a la altura del reto de la construcción y mantenimiento de un mercado comunitario que implican unos beneficios sociales y económicos que van mucho más allá de lo que se aporta, que apenas llega al 2% del gasto público total de los miembros de la UE, cuando en Estados Unidos está próximo al 20%. El hecho de reducir el dinero destinado supone dificultar la capacidad de abastecimiento de alimentos con todas las garantias de calidad.

Actualmente, el Estado español percibe cerca de 5.000 millones de euros en ayudas directas de la PAC”.

Aparte de las ayudas directas de la PAC, la reducción en materia de desarrollo rural,  tendrá impacto principalmente a las regiones europeas que han dejado de ser consideradas económicamente menos desarrolladas, Andalucia entre ellas y para lo que el Estado español ha conseguido una compensación de 500 millones de euros.

De cualquier forma deberemos esperar a la aplicación de la PAC para España para ver el resultado real.

Durante muchos años la PAC ha sido prácticamente la única política comunitaria  de incidencia presupuestaria y por consiguiente ha tenido un peso importante en el presupuesto de la UE.