Blog del Olivar

Bandera U.E.

Buenas noticias pueden ser estas, el solo hecho de retrasarla y no modificarla es bueno, por que sin duda, recortes se iban hacer, al menos así se podrá cobrar un año más, que no es que sea para tirar cohetes, pero algo es algo. La reforma de la Política Agrícola Común (PAC)  se aplicará definitivamente a partir de 2105. La falta de acuerdo sobre el presupuesto europeo para el periodo 2014 a 2020 está detrás de este retraso. Tanto los ministros de Agricultura como el propio Parlamento Europeo consideran imposible avanzar en las negociaciones para cerrar la reforma sin conocer el montante presupuestario final.

Tras el fracaso de la última cumbre comunitaria para lograr un compromiso presupuestario, se espera lograr un acuerdo para la primera semana de febrero. Entonces comenzaría la cuenta atrás para la aprobación de la propuesta del nuevo marco financiero en el Parlamento Europeo y posteriormente con la Comisión. Esto permitiría elaborar los correspondientes reglamentos, que se espera no puedan estar finalizados hasta el primer semestre del año que viene.

Según la secretaria general de Agricultura, Isabel García Tejerina, se han producido avances importantes en el reglamento sobre desarrollo rural donde, entre otros puntos, España reclama una cofinanciación del 75% para las regiones en transición.

Agricultura pide también que los seguros agrarios se queden fuera del marco europeo por considerar que, tal como están en la actualidad, dan más libertad al país miembro para su gestión.

También se halla en fase avanzada la redacción del reglamento horizontal donde se contemplan actuaciones como la condicionalidad, sistema integrado de gestión, asesoramiento y pago de anticipos, así como la Organización Común de Mercado (OCM) única donde se abordan temas como la continuidad de las cuotas de leche y azúcar o los derechos de plantación para el viñedo.

Por el contrario, apenas se han producido avances en la elaboración del reglamento sobre los pagos directos que, en el caso de España, suponen una pieza básica con ingresos de unos 5.200 millones. Eso significa que para 2014 se mantendría el actual sistema de pagos por derechos históricos, en lugar de entrar en vigor un nuevo modelo de pagos por hectárea, así como la política de convergencia de las ayudas en un mismo país y entre los Estados miembros.

España defiende que el proceso de convergencia de los pagos no sea tan elevado como defendió la Comisión y que se alargue más allá de 2019. Igualmente se mantienen abiertas las negociaciones en aspectos importantes para la distribución sobre el papel que se asigne a cada país como la política verde, la transferencia de fondos entre los dos pilares, pagos directos y desarrollo rural y la asignación de la superficie a tener en cuenta en cada país para pagar ayudas. Ante esta situación, se espera que Bruselas disponga una reglamentación puente para 2014.

Los debates de los últimos meses en el seno de los consejos de los ministros de Agricultura de la Unión Europea y en la comisión correspondiente del Parlamento, para la elaboración de la propuesta final sobre la reforma agraria, no han producido los avances necesarios en la mayor parte de los aspectos clave, por lo que se puede decir que la reforma está verde. Un año de negociaciones a todos los niveles, desde consejos de ministros a reuniones de Estados miembros, ante la Comisión y con múltiples encuentros bilaterales entre países para buscar posiciones conjuntas, no han sido suficientes para cerrar una propuesta.

Las negociaciones para la reforma de la PAC han estado marcadas por la crisis económica y la necesidad de ajustar los gastos. Bruselas propuso inicialmente en 2011 un presupuesto para el periodo 2014 a 2020 de 281.800 millones de euros, para pagos directos y medidas de mercado, y otros 89.900 millones para desarrollo rural, junto a 15.200 millones para diferentes fondos donde destacaban 4.500 millones para innovación e investigación, 3.500 millones para hacer frente a las crisis y otros 2.500 millones para compensar los problemas que se puedan derivar de los procesos de la globalización de la economía. Esas cifras significaban mantener las ayudas a los mismos niveles de 2011 para todo el periodo 2014- 2020, lo que suponía una pérdida real del 12%. En el marco de las ayudas comunitarias de la PAC, esta política no supone ninguna novedad ya que, históricamente, las ayudas de la PAC se fijan en un momento determinado y se mantienen siempre congeladas, al margen de la evolución de la inflación.

En el caso de la reforma de la PAC, tras el fracaso de la cumbre de los jefes de Estado sobre el debate de las perspectivas financieras el pasado mes de noviembre, se mantienen los interrogantes sobre el volumen de fondos a asignar con posiciones enfrentadas entre los propios Estados miembros. Desde los países del norte se aboga por ajustar más a la baja la propuesta de la Comisión, mientras los países del sur, España, Francia e Italia, apuestan por mantener como mínimo los fondos ofertados inicialmente. A estas divisiones se suma la postura de la Presidencia del Consejo, comandada por Herman Van Rompuy, para aplicar recortes adicionales de casi 20.000 millones.

En la próxima cumbre de febrero se espera que haya un acuerdo sobre las perspectivas financieras y la asignación de fondos para la aplicación de la reforma de la PAC. A partir de ahí se iniciará el debate final sobre el contenido de la misma entre los ministros de Agricultura, en el Parlamento y la Comisión, por lo que se ve inviable la elaboración de los correspondientes reglamentos para su aplicación en 2014.

Para la secretaria general de Agricultura, Isabel García Tejerina, hay muchos aspectos importantes de la reforma que aún no se han decidido. De ahí que la Comisión estudie la aplicación de un proceso de transición en 2014, donde se mantendrían las líneas maestras de la actual PAC.

En conjunto, García Tejerina entiende que podría aplicarse la reforma en cuestiones como el desarrollo rural, pero no en lo que afecta a los pagos directos que seguirían como ahora. En su opinión, se han producido avances en cuestiones de desarrollo rural, donde España reclama que las regiones en transición como Castilla-La Mancha, Andalucía o Murcia tengan una cofinanciación del 75%. Agricultura es partidaria de no meter los seguros agrarios en la financiación del desarrollo rural.

Los avances más importantes se han logrado en la definición de la reglamentación horizontal para simplificar la condicionalidad, las penalizaciones, el sistema integrado de control y gestión, y para que los pagos anticipados se puedan hacer siempre a partir del 16 de octubre y no desde diciembre.

Finalmente, en relación con la reglamentación sobre los pagos directos, los avances han sido muy escasos. Entre los aspectos más importantes queda por definir cómo sería el proceso de convergencia en la equiparación de las ayudas entre los países miembros. No se han producido acuerdos en materia de política verde, para la aplicación regional de la PAC, la aplicación del capping, es decir, la modulación de las ayudas o los criterios para limitar la superficie elegible en cada país a la hora de asignar derechos de pago básicos. Sí habría acuerdo para la transferencia de fondos de pagos directos a desarrollo rural hasta un 15%.

La reforma de la PAC supone un cambio del actual sistema de pagos por derechos históricos, a otro de pagos base asignando derechos por superficie. En esta fase final de las negociaciones, España defiende el mantenimiento de la propuesta financiera inicial de la Comisión. Para Agricultura es fundamental que España pueda limitar a 21 millones el volumen de hectáreas donde asignar los derechos de pago. García Tejerina apuesta por la transición de un modelo a otro sin traumas, con una estabilidad en las ayudas directas que no ponga en peligro la actividad agraria en determinadas producciones y los territorios. En esa línea, defiende que el proceso de convergencia de pagos por hectárea en un mismo país se pueda hacer de forma más limitada que la propuesta comunitaria y en un plazo más amplio, más allá de 2019.

De acuerdo con este planteamiento, Agricultura quiere que, en el pago base que se aplique por hectárea con la reforma, el 90% corresponda a los actuales derechos históricos y no el 40% que pretende Bruselas. España considera fundamental tener flexibilidad para aplicar esa política. Finalmente, en cuanto a la política verde, España defiende que la misma no suponga el 30% de los pagos que se asignen a cada país, sino un máximo del 15%; que no se exija el destino del 7% de las tierras de una explotación para interés ecológico; que no se obligue a tener hasta tres cultivos y que estas exigencias se apliquen solo para explotaciones con más de veinte hectáreas y no de tres.

Situación y Propuesta.

La Política Agrícola Común (PAC) ha supuesto en los últimos tiempos para España unos ingresos anuales de unos 6.500 millones de euros. En el último año, los mismos ascendieron a 5.030 millones en forma de ayudas directas, a los que se suman otros 800 millones como gastos para regulación de los mercados y 700 más para desarrollo rural. Con esas cifras, España recibe el 11,6% de todos los pagos de la PAC y ocupa el segundo lugar, por detrás de Francia, en la recepción de fondos.

Con la aplicación de la reforma y el cambio de modelo en la adjudicación de los recursos, según los datos manejados por la Administración, España podría consolidar su participación en los fondos PAC e incluso aumentar ese porcentaje hasta el 12%, aunque fuera algo inferior el montante total de los ingresos.

Sobre la base de las cifras que se barajan en torno al posible ajuste de los recursos para la PAC, tanto en ayudas directas de mercado como para desarrollo rural, el sector agrario español podría percibir un 2,3% menos que los fondos recibidos en el último ejercicio. Esta sería la parte más negativa del planteamiento actual. Por el contrario, España se vería ligeramente beneficiada por el sistema de convergencia de ayudas entre países propuesto por la Comisión. Según el mismo, en aquellos países donde los pagos directos se hallen por debajo del 90% de la media, esa diferencia se reducirá en una tercera parte entre 2014 y 2019, como primer paso para la convergencia completa, una ayuda uniforme por hectárea para todos los países, algo a lo que aspira la UE a partir de 2020. La ayuda media por hectárea en España es de 229 euros frente a la media de 268 de la UE; 457 de Holanda; 435 de Bélgica, y 405 de Italia.