España trabaja para cambiar la propuesta de la Política Agraria Común (PAC), que no gusta nada en Andalucía y que le puede hacer mucho daño a la provincia jiennense. Mientras que el Gobierno de Madrid asegura que la reducción podría llegar al 3,5% de las ayudas directas que reciben los agricultores, mientras que los fondos mermarían en un 5%, en Sevilla creen que el recorte será del 16%, ya que incluyen la inflación que se generaría durante los años previos a la aplicación de la reforma.

Una de las mejores soluciones es que los países europeos que sostienen la PAC paguen más y así se podrían mantener los fondos que vienen a la provincia. En cambio, esto no gusta nada —algo normal— a los que tienen que incrementar las aportaciones. Existe un frente en los países nórdicos que se oponen a esta medida. No hay que olvidar que Gran Bretaña se va de Europa, que era un país que pagaba y no cogía fondos de la PAC. Sustituir al pagador es complicado.

Bruselas quiere construir un armazón que sustente la PAC, pero también aboga por dar cierta libertad a los países para que establezcan sus propios criterios en su territorio. Hay quienes creen que se pondría en riesgo el mercado único, ya que se desarrollarían planes estratégicos en Estados con diferentes niveles de pagos directos por hectárea. Además, consideran que se pueden dar diferentes interpretaciones con asuntos que ahora controla directamente Bruselas, como la condicionalidad o, lo que es lo mismo, las labores ambientales exigidas a cambio de la ayuda o los controles a los propios agricultores europeos. La Unión Europea quiere identificar objetivos generales, mientras que cada país identificaría sus propias necesidades. Además, implementarán los pagos en función de si se consiguen los objetivos que se pretenden, algo que podría crear una evolución muy diferente de la Política Agraria Común (PAC) en función de donde se aplique.

El Medio Ambiente, también.

La Unión Europea no quiere que la PAC sea solo un instrumento para producir alimentos con seguridad y mantener actividad en los países mediterráneos. Bruselas lleva años dando pasos en este sentido, aunque ahora los dará como si fuera un “gigante”. La Unión Europea endurecerá los requisitos ambientales, ya que pretende que los agricultores cobren ayudas no solo por generar productos alimentarios, sino por hacerlo de una manera respetuosa que garantice la conservación de la naturaleza. España está en esta línea, aunque la batalla de la anterior PAC fue que se reconociera esta virtud al olivar, simplemente, por la manera en la que se cultiva. Al principio, Bruselas no era partidaria, aunque al final se pudo conseguir. De ahí que habrá que estar muy pendiente durante esta próxima reforma.

Hace unos días, UPA denunció que más de 14.000 jiennenses han salido del marco de la PAC ante los nuevos requisitos. La anterior reforma acotó las ayudas por abajo expulsó a los que cobraban menos de 300 euros y también por arriba. Bruselas sigue con la idea de delimitar los incentivos, aunque parece que será para los que más reciben. De hecho, se plantea no pagar más de 60.000 euros por explotación, pero se permitirá a los beneficiarios descontarse los costes laborales que genera la finca —con el objetivo de impulsar la actividad agraria y el empleo—. No obstante, esto puede conllevar la fragmentación de las parcelas con diferentes empresas.

Fuente: diariojaen.es